pako88
que la fuerza te acompañe
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El primer día de aplicación de la reforma del Código Penal en materia de tráfico de drogas ha supuesto algo más que un alivio para 408 presos en las cárceles españolas (a excepción de las catalanas). Ese es el número exacto de mandamientos de libertad que las prisiones han recibido hoy hasta las dos de la tarde, hora en la que los juzgados españoles (salvo los de guardia) están a punto de echar el cierre. La mayoría de los liberados por reducción de pena en aplicación de la nueva norma son condenados por narcotráfico que no pertenecían a red alguna de traficantes, pero también se incluyen varios sentenciados por venta callejera de productos falsificados (desde bolsos a películas piratas) en el llamado top manta.
La reforma reduce el castigo a las conductas menos graves de narcotráfico, las de los conocidos como muleros o transportistas de droga que no forman parte de una organización delictiva o la del pequeño camello callejero, que trabaja por y para sí mismo. El delito básico era castigado con penas de 3 a 9 años de cárcel, que ahora se rebaja a un máximo de seis. Por ello, los que han excedido ese tiempo entre rejas una vez reducida la condena han salido automáticamente de prisión. Las cárceles españolas albergan en la actualidad a 75.032 personas, frente a las 76.215 que había a primeros de este mismo año.
Las penas por tráfico de drogas o contra la salud pública se habían convertido en una auténtica pesadilla para la gestión de las cárceles españolas. En octubre pasado, de los 50.410 presos en cárceles bajo el control del Ministerio del Interior (todas menos las de Cataluña), un total de 14.206 estaba por condenas o en situación de preso preventivo por delitos relacionados con las drogas, es decir, algo más del 28% del total. En el caso catalán, de los 10.688 presos en junio de este año, 2.879 de ellos, es decir, el 26,94%, era por delitos contra la salud pública.
Se está revisando muchas sentencias para ver si hay lugar a la excarcelación. Pero como explican fuentes de Instituciones Penitenciarias, "una cosa es que se revisen y otra que haya lugar a una liberación inmediata". No es un proceso automático, ya que en el caso de que se determine que el condenado forma parte de una red de narcos entonces no se les aplica la reducción de condena. Además, dentro de la casuística, puede ocurrir que en lugar de una excarcelación se produzca una reducción de la condena pero que esta no esté cumplida.
Entre los liberados, además, se encuentran 64 reclusos de Madrid que ya estaban en tercer grado y salían a la calle e iban a dormir a prisión; 45 de ellos estaban en el CIS (Centro de Inserción Social) Victoria Kent de Madrid, el más liberado por las excarcelaciones. Madrid y Andalucía, las dos comunidades con mayor número de presidios, concentran el grueso de las excarcelaciones, con 107 y 61, respectivamente.
Ya el pasado día 20, Instituciones Penitenciarias había recibido 239 mandamientos de libertad, fundamentalmente de narcotraficantes que habían cumplido al menos seis años de condena.Los juzgados catalanes revisarán unas 700 sentencias para determinar si mantienen o reducen las penas y decidir si ordenan la puesta en libertad de algunos presos, informa Efe.
Por comunidades, esta es la distribución de excarcelaciones:
Andalucía: 61
Aragón: 34
Asturias: 1
Baleares: 14
Canarias: 37
Cantabria: 3
Castilla-La Mancha: 9
Castilla y León: 49
Ceuta: 1
Extremadura: 0
Galicia: 40
La Rioja: 1
Madrid: 107, de los que 64 ya estaban en tercer grado y salían a la calle e iban a dormir a prisión. 45 de ellos estaban en el CIS Victoria Kent
Melilla: 0
Murcia: 6
Navarra: 1
País Vasco: 6
Comunidad Valenciana: 39
Por otro, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a los fiscales de toda España imputar una falta y no un delito a los "manteros" en los casos en los que no se haya podido cuantificar el beneficio económico obtenido por éstos, lo que supondrá que sean castigados con una multa y no con cárcel. Así lo dice Conde-Pumpido en una circular, a la que ha tenido acceso Efe, en las que explica qué criterios deben aplicar los representantes del Ministerio Público a la hora de revisar las causas que se vean afectadas por la reforma del Código Penal que ha entrado hoy en vigor. En España aún quedan en prisión por venta ilegal en la calle de productos piratas unas 40 personas, según instituciones penitenciarias.
La reforma reduce el castigo a las conductas menos graves de narcotráfico, las de los conocidos como muleros o transportistas de droga que no forman parte de una organización delictiva o la del pequeño camello callejero, que trabaja por y para sí mismo. El delito básico era castigado con penas de 3 a 9 años de cárcel, que ahora se rebaja a un máximo de seis. Por ello, los que han excedido ese tiempo entre rejas una vez reducida la condena han salido automáticamente de prisión. Las cárceles españolas albergan en la actualidad a 75.032 personas, frente a las 76.215 que había a primeros de este mismo año.
Las penas por tráfico de drogas o contra la salud pública se habían convertido en una auténtica pesadilla para la gestión de las cárceles españolas. En octubre pasado, de los 50.410 presos en cárceles bajo el control del Ministerio del Interior (todas menos las de Cataluña), un total de 14.206 estaba por condenas o en situación de preso preventivo por delitos relacionados con las drogas, es decir, algo más del 28% del total. En el caso catalán, de los 10.688 presos en junio de este año, 2.879 de ellos, es decir, el 26,94%, era por delitos contra la salud pública.
Se está revisando muchas sentencias para ver si hay lugar a la excarcelación. Pero como explican fuentes de Instituciones Penitenciarias, "una cosa es que se revisen y otra que haya lugar a una liberación inmediata". No es un proceso automático, ya que en el caso de que se determine que el condenado forma parte de una red de narcos entonces no se les aplica la reducción de condena. Además, dentro de la casuística, puede ocurrir que en lugar de una excarcelación se produzca una reducción de la condena pero que esta no esté cumplida.
Entre los liberados, además, se encuentran 64 reclusos de Madrid que ya estaban en tercer grado y salían a la calle e iban a dormir a prisión; 45 de ellos estaban en el CIS (Centro de Inserción Social) Victoria Kent de Madrid, el más liberado por las excarcelaciones. Madrid y Andalucía, las dos comunidades con mayor número de presidios, concentran el grueso de las excarcelaciones, con 107 y 61, respectivamente.
Ya el pasado día 20, Instituciones Penitenciarias había recibido 239 mandamientos de libertad, fundamentalmente de narcotraficantes que habían cumplido al menos seis años de condena.Los juzgados catalanes revisarán unas 700 sentencias para determinar si mantienen o reducen las penas y decidir si ordenan la puesta en libertad de algunos presos, informa Efe.
Por comunidades, esta es la distribución de excarcelaciones:
Andalucía: 61
Aragón: 34
Asturias: 1
Baleares: 14
Canarias: 37
Cantabria: 3
Castilla-La Mancha: 9
Castilla y León: 49
Ceuta: 1
Extremadura: 0
Galicia: 40
La Rioja: 1
Madrid: 107, de los que 64 ya estaban en tercer grado y salían a la calle e iban a dormir a prisión. 45 de ellos estaban en el CIS Victoria Kent
Melilla: 0
Murcia: 6
Navarra: 1
País Vasco: 6
Comunidad Valenciana: 39
Por otro, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a los fiscales de toda España imputar una falta y no un delito a los "manteros" en los casos en los que no se haya podido cuantificar el beneficio económico obtenido por éstos, lo que supondrá que sean castigados con una multa y no con cárcel. Así lo dice Conde-Pumpido en una circular, a la que ha tenido acceso Efe, en las que explica qué criterios deben aplicar los representantes del Ministerio Público a la hora de revisar las causas que se vean afectadas por la reforma del Código Penal que ha entrado hoy en vigor. En España aún quedan en prisión por venta ilegal en la calle de productos piratas unas 40 personas, según instituciones penitenciarias.
