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El Gobierno portugués ha decidido cerrar el segundo canal público nacional, RTP2, y avanzar con la concesión del resto de canales públicos a un grupo privado por un período de entre 15 a 25 años.
Esta solución cumple tres objetivos del gobierno:
Eliminar de los Presupuestos Generales los elevados costes que acarrea el grupo RTP/RDP (radio y televisión pública), que en media supone unos 240 millones de euros anuales.
Mantener la propiedad pública de la empresa.
Garantizar el cumplimiento del servicio público de contenidos, a través del contrato firmado con el grupo privado que gane la concesión.
De este modo, el Estado abandona la responsabilidad en la gestión pero no pierde completamente la posibilidad de recuperar la concesión una vez terminado el plazo concretado con el grupo privado, que tendrá que obedecer a una serie de requisitos para garantizar el servicio público de información. A cambio de quedarse con los ingresos procedentes de los impuestos que los portugueses pagan a través de la factura de la electricidad, que ronda los 140 millones de euros, el grupo que se haga cargo de la RTP tendrá que mantener el servicio público. Además, podrá gestionar como le parezca los espacios publicitarios, pero seguirán estando limitados a seis minutos por hora, en vez de los doce minutos que tienen las televisiones privadas.
