bonel
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# Aún siguen vivos y formaron parte de los últimos gabinetes franquistas.
# La querella los quiere acusar de genocidio y delitos de lesa humanidad
D. FERNÁNDEZ. 21.04.2010 - 08.16 h
Los descendientes de las víctimas franquistas que viven en Argentina quieren sentar en el banquillo de los acusados a todos los altos funcionarios de Franco que aún siguen vivos. La querella puesta en Buenos Aires (Argentina), que aún tiene que ser admitida a trámite, quiere juzgar por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad a estos ex cargos franquistas. El periodo que piden investigar abarca del 17 de julio de 1936 al 17 de junio de 1977
El periodo que piden investigar abarca del 17 de julio de 1936 al 17 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En su querella piden los "nombres y domicilios de quienes integraron los consejos de ministros de los Gobiernos de Franco" entre 1936 y 1977, y "certificación de los que ya hayan fallecido".
Actualmente sólo sobreviven 13, entre ellos Manuel Fraga Iribarne, senador del PP; y José Utrera Molina, suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Si la querella prospera en Argentina, la Justicia de ese país podría imputar a los 13 ex ministros. Todos, de avanzada edad (Fraga tiene 88 años y Utrera, 84). Y todos, civiles. Obviamente, la mayoría pertenece a los últimos gabinetes de Carrero Blanco y Arias Navarro. Los querellantes argentinos piden también los datos de los mandos de "las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange".
Hijos y nietos
Dos familiares de víctimas han firmado la denuncia como querellantes particulares. Se trata de Darío Rivas e Inés García. El primero es hijo de un alcalde republicano de Lugo que fue ejecutado en 1936. Su cuerpo fue hallado en 2005. Inés defiende la memoria de tres familiares: un tío que sigue desaparecido y dos abuelos que fueron fusilados durante la guerra. A la querella se ha unido la Asociación Española por la Memoria Histórica. En Argentina vive la colonia española más numerosa en América. A la querella se ha unido la Asociación Española por la Memoria Histórica
Y es que la denuncia se basa en que la Ley de Amnistía que se aprobó en España no puede aplicarse a crímenes de genocidio o lesa humanidad, como ellos catalogan los crímenes franquistas. Y segundo, los querellantes afirman que esta ley no rige fuera de España y que, por tanto, no impide la acción de la Justicia española.
La querella fue presentada el 14 de abril y recuerda que España ha firmado varios convenios que le obligan a investigar pese a la Ley de Amnistía. El primero, en 1979, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades. El segundo, en 1988, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los dos dicen que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes y que no cabe amnistía para las desapariciones forzadas.
El juez Garzón, que intentó investigar estos crímenes, está siendo a su vez investigado por el Supremo por un delito de prevaricación porque se declaró competente para juzgar estos casos.
La Ley de Amnistía, a debate
En plena polémica por el proceso contra el juez Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, IU e ICV presentaron este martes en el Congreso una proposición de ley para que se debata la Ley de Amnistía de 1977, que activó el mecanismo de impunidad para los responsables de la dictadura franquista. La proposición pide adecuar la ley a los tratados internacionales, es decir, que no pueda estar por encima de delitos de genocidio y lesa humanidad.
# La querella los quiere acusar de genocidio y delitos de lesa humanidad
D. FERNÁNDEZ. 21.04.2010 - 08.16 h
Los descendientes de las víctimas franquistas que viven en Argentina quieren sentar en el banquillo de los acusados a todos los altos funcionarios de Franco que aún siguen vivos. La querella puesta en Buenos Aires (Argentina), que aún tiene que ser admitida a trámite, quiere juzgar por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad a estos ex cargos franquistas. El periodo que piden investigar abarca del 17 de julio de 1936 al 17 de junio de 1977
El periodo que piden investigar abarca del 17 de julio de 1936 al 17 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En su querella piden los "nombres y domicilios de quienes integraron los consejos de ministros de los Gobiernos de Franco" entre 1936 y 1977, y "certificación de los que ya hayan fallecido".
Actualmente sólo sobreviven 13, entre ellos Manuel Fraga Iribarne, senador del PP; y José Utrera Molina, suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Si la querella prospera en Argentina, la Justicia de ese país podría imputar a los 13 ex ministros. Todos, de avanzada edad (Fraga tiene 88 años y Utrera, 84). Y todos, civiles. Obviamente, la mayoría pertenece a los últimos gabinetes de Carrero Blanco y Arias Navarro. Los querellantes argentinos piden también los datos de los mandos de "las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange".
Hijos y nietos
Dos familiares de víctimas han firmado la denuncia como querellantes particulares. Se trata de Darío Rivas e Inés García. El primero es hijo de un alcalde republicano de Lugo que fue ejecutado en 1936. Su cuerpo fue hallado en 2005. Inés defiende la memoria de tres familiares: un tío que sigue desaparecido y dos abuelos que fueron fusilados durante la guerra. A la querella se ha unido la Asociación Española por la Memoria Histórica. En Argentina vive la colonia española más numerosa en América. A la querella se ha unido la Asociación Española por la Memoria Histórica
Y es que la denuncia se basa en que la Ley de Amnistía que se aprobó en España no puede aplicarse a crímenes de genocidio o lesa humanidad, como ellos catalogan los crímenes franquistas. Y segundo, los querellantes afirman que esta ley no rige fuera de España y que, por tanto, no impide la acción de la Justicia española.
La querella fue presentada el 14 de abril y recuerda que España ha firmado varios convenios que le obligan a investigar pese a la Ley de Amnistía. El primero, en 1979, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades. El segundo, en 1988, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los dos dicen que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes y que no cabe amnistía para las desapariciones forzadas.
El juez Garzón, que intentó investigar estos crímenes, está siendo a su vez investigado por el Supremo por un delito de prevaricación porque se declaró competente para juzgar estos casos.
La Ley de Amnistía, a debate
En plena polémica por el proceso contra el juez Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, IU e ICV presentaron este martes en el Congreso una proposición de ley para que se debata la Ley de Amnistía de 1977, que activó el mecanismo de impunidad para los responsables de la dictadura franquista. La proposición pide adecuar la ley a los tratados internacionales, es decir, que no pueda estar por encima de delitos de genocidio y lesa humanidad.
