MADRID, 2 Jun. (Portaltic/EP) -


La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido a los partidos políticos incluir una enmienda en la 'Ley Sinde' para entrar a formar parte de la futura comisión de Propiedad Intelectual, que decidirá sobre los cierres de web, previa autorización judicial.

En declaraciones a 'Portaltic', el presidente de AUC, Alejandro Perales, resaltó la necesidad de formar parte de la citada comisión --junto a entidades de gestión y radiodifusores-- para "defender los derechos de los usuarios". En este sentido, afirmó que en otras leyes como la del sector audiovisual, el texto sí que contempla la participación del consejo de consumidores.

Para Perales, la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso es un proceso "lógico", ya que la disposición está enmarcada en un proyecto más amplio, el de la la Ley de Economía Sostenible. "Imagino que no hay mucho consenso en este tema y podría ir para largo", añadió.

A su entender, las "prisas" para la inminente aprobación del proyecto provienen de la industria cultural, que incluso podría haber planteado la tramitación aparte. En este sentido, recordó que la actual situación del sector ha provocado "nervios" en sus representantes, especialmente en Estados Unidos.

Perales también aludió a la reciente publicación del primer Observatorio sobre piratería y hábitos de consumo por parte de la Coalición de Creadores que "corrobora" una tendencia demostrada en otros estudios: España está en "niveles altos" tanto de piratería como descargas ilegales.

No obstante, apuntó que resulta "difícil" juzgar estos estudios realizados únicamente por una parte de los implicados, ya que las conclusiones "nunca son desinteresadas". Por ejemplo, respecto a las cifras de pérdidas por las descargas ilegales, apunta que toda esa cantidad no se recuperaría porque muchos de esos usuarios "no bajarían archivos si tuvieran que pagar".

Por último, respecto a la redacción de la disposición final, AUC solicitó a los partidos políticos cambiar la posible sanción a aquellos consumidores que "sean susceptibles" de causar un daño patrimonial. "Esta segunda condición podría permitir actuar igualmente contra ciudadanos particulares que intercambian ficheros sin ánimo de lucro", puntualizó.