bonel
Usuario Mítico
- Registrado
- 29 Nov 2006
- Mensajes
- 8.335
- Reacciones
- 0
- Puntos
- 140
El copago de la sanidad gana fuerza para frenar la demanda más que por su impacto recaudatorio
Obligar al paciente a pagar parte de los servicios médicos ha formado siempre parte del debate público, pero la crisis ha convertido esta práctica -el copago- en una de las cartas en la baraja del recorte. Cataluña ha planteado abiertamente el copago sanitario con fórmulas de progresividad, Sanidad lo ha estudiado y los expertos proponen ya soluciones concretas.
A pesar de que el copago es una palabra maldita y temida por buena parte de los políticos y los usuarios, en Europa funciona en la mayoría de países. Se paga una cantidad por las visitas al médico o por días de internamiento hospitalario. En España el debate está lanzado y entra ya en detalles: hay propuestas para cobrar por visitas o estancias hospitalarias, por aumentar el porcentaje que se paga en los fármacos o abonar, por ejemplo, la comida en hospitales. Otros plantean modular el esfuerzo en función de la renta del ciudadano o desgravar los seguros privados.
En España ya existe un régimen de cuotas para los fármacos. Los trabajadores en activo pagan el 40% de los medicamentos, los enfermos crónicos poco más de dos euros por fármaco y es gratis para los pensionistas. Los miembros de Muface (Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado) abonan el 30%, sean activos o jubilados.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, admitió recientemente que lo ha manejado en el paquete de medidas para ahorrar. Según Sanidad, un pago de 5 euros por visita médica y 10 por urgencias, excluidos crónicos y pensiones mínimas, recaudaría 600 millones de euros al año. Pero por ahora, proclama el secretario general de Sanidad, José Olmos, el copago constituye una línea roja que el Gobierno no está dispuesto a cruzar.
La consejera de Salud catalana, Marina Geli, y el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, apostaron por plantear su aplicación antes del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los copagos tienen una función recaudatoria, son una modalidad de ingresos para sufragar la financiación de medicinas, pruebas diagnósticas o médicos especialistas, pero actúan sobre todo como elemento disuasorio y moderador de la demanda, es decir, reduciendo la frecuencia en la asistencia primaria, que en España es un 40% superior a la media de los Quince. En este caso pueden implantarse tasas fijas -un euro por visita en Francia- o variables, según la renta. "De aplicarse tendría que ser un sistema sencillo, por ejemplo con la tarjeta sanitaria, pero hay que estar alerta, a ver si toda la parafernalia que se monta cuesta al final más de lo que se pretende recaudar, porque en este país somos capaces de eso y mucho más", avisa Manel Peiró, vicedecano de la escuela de negocios Esade.
Olmos mantiene serias prevenciones sobre la medida: "No es fácil resolver las aportaciones de los ciudadanos a los servicios porque se corre el riesgo de que el ciudadano decida, por su cuenta, usar un determinado servicio en función de lo que le va a costar, porque la cantidad es una percepción individual. Y como es una decisión individual, entraña el riesgo de que se tomen decisiones equivocadas para la salud de uno mismo". Por ejemplo, no ir al médico por un mareo, aunque este pueda esconder un episodio cerebrovascular.
"Las medidas alternativas son administrativas y organizativas, como informar de lo que cuestan los servicios desde una perspectiva educativa", agrega Olmos. Y Ana Pastor, ex ministra de Sanidad del PP, añade: "Lo que hay que mejorar es la eficiencia del modelo de la prestación de servicios, por ejemplo que al paciente se le atienda en un único proceso asistencial, porque a veces para un diagnóstico hay que acudir hasta ocho veces al especialista. Y eso también reduce la hiperfrecuentación. Como también la educación sanitaria".
Paula González, profesora de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, apunta algunas posibilidades de copago en la asistencia hospitalaria para aportar fondos suplementarios al sistema porque, señala, "para mantener la sostenibilidad del sistema o se recortan prestaciones o se aumentan los ingresos. Hay que hacer un análisis de costes sobre la base de criterio-efectividad". Entre algunas propuestas, González enumera el pago de los menús en los hospitales, exceptuando los dietéticos -un informe de la Generalitat de Cataluña reivindica esta opción para las rentas altas-; cuotas por ciertos días de hospitalización -Portugal es un ejemplo- o el abono de una parte de las pruebas diagnósticas, como en Francia.
Manel Peiró y Marina Geli también proponen recuperar las desgravaciones fiscales para las personas que tengan un seguro médico privado. "Evita un gasto al servicio público y facilitaría un equilibrio, porque ahora mucha gente se da de baja por la crisis", aclara el vicedecano de Esade. Y la Fundación Rafel de Campalans, perteneciente a los socialistas catalanes, propuso vincular los copagos al impuesto sobre la renta en el tramo autonómico, ya que las comunidades tienen transferidas estas competencias, lo que simplificaría su gestión. El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Vidardell, planteó vincular el copago farmacéutico también al nivel de renta.
Pero así, a bote pronto, ninguno de los expertos en política sanitaria en España aboga por un sistema de copago, sino que de implantarse -precisan- debería constituir una medida adicional de todo un paquete de reformas estructurales para racionalizar y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que tanto las administraciones estatal y autonómica postergan año tras año y rehúsan afrontar por los posibles costes electorales.
"No queremos que los enfermos sean el siguiente colectivo que pague la crisis del señor Rodríguez Zapatero. La sanidad española necesita una reforma en profundidad y todavía quedan muchos espacios para ganar en eficiencia", señala Ana Pastor. "No podemos adoptar solo una medida concreta. Lo hemos hecho muy mal los últimos años y ahora la situación es dramática porque el Estado está en quiebra técnica. ¿Cómo pensamos resolverlo? ¿Como siempre o aprovecharemos esta situación para emprender reformas? No tendremos un momento más idóneo en el que la gente lo entienda", reflexiona Manel Peiró. "La situación ahora es complicada, pero no vería tan grave implantar un tique moderador. Sin embargo, lo que el sistema sanitario necesita son reformas estructurales más allá del copago", abunda Paula González. "Una idea mal aplicada, acaba siendo una mala idea: nuestro sistema puede que hoy necesite copagos del mismo modo que necesita una priorización explícita de servicios en catálogo y un selectivismo más diligente con las situaciones de injusticia social", agrega Guillem López Casasnovas, presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud.
Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública opinan que el copago "supondría un impuesto a la enfermedad y una barrera al acceso a la atención sanitaria para las personas más enfermas y con menor renta". En este sentido, José Olmos señala: "La equidad significa establecer las menores barreras de acceso posible". Paula González le rebate: "¿Por qué los pensionistas de rentas altas no pagan nada? ¿Es esto equitativo?", se pregunta.
Pero, como declara Guillem López Casasnovas, "el reto estriba en canalizar la mejor financiación pública al que sea el gasto más eficiente en términos de objetivos salud". Y concluye: "No siempre más recursos significa más salud".
Obligar al paciente a pagar parte de los servicios médicos ha formado siempre parte del debate público, pero la crisis ha convertido esta práctica -el copago- en una de las cartas en la baraja del recorte. Cataluña ha planteado abiertamente el copago sanitario con fórmulas de progresividad, Sanidad lo ha estudiado y los expertos proponen ya soluciones concretas.
A pesar de que el copago es una palabra maldita y temida por buena parte de los políticos y los usuarios, en Europa funciona en la mayoría de países. Se paga una cantidad por las visitas al médico o por días de internamiento hospitalario. En España el debate está lanzado y entra ya en detalles: hay propuestas para cobrar por visitas o estancias hospitalarias, por aumentar el porcentaje que se paga en los fármacos o abonar, por ejemplo, la comida en hospitales. Otros plantean modular el esfuerzo en función de la renta del ciudadano o desgravar los seguros privados.
En España ya existe un régimen de cuotas para los fármacos. Los trabajadores en activo pagan el 40% de los medicamentos, los enfermos crónicos poco más de dos euros por fármaco y es gratis para los pensionistas. Los miembros de Muface (Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado) abonan el 30%, sean activos o jubilados.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, admitió recientemente que lo ha manejado en el paquete de medidas para ahorrar. Según Sanidad, un pago de 5 euros por visita médica y 10 por urgencias, excluidos crónicos y pensiones mínimas, recaudaría 600 millones de euros al año. Pero por ahora, proclama el secretario general de Sanidad, José Olmos, el copago constituye una línea roja que el Gobierno no está dispuesto a cruzar.
La consejera de Salud catalana, Marina Geli, y el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, apostaron por plantear su aplicación antes del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los copagos tienen una función recaudatoria, son una modalidad de ingresos para sufragar la financiación de medicinas, pruebas diagnósticas o médicos especialistas, pero actúan sobre todo como elemento disuasorio y moderador de la demanda, es decir, reduciendo la frecuencia en la asistencia primaria, que en España es un 40% superior a la media de los Quince. En este caso pueden implantarse tasas fijas -un euro por visita en Francia- o variables, según la renta. "De aplicarse tendría que ser un sistema sencillo, por ejemplo con la tarjeta sanitaria, pero hay que estar alerta, a ver si toda la parafernalia que se monta cuesta al final más de lo que se pretende recaudar, porque en este país somos capaces de eso y mucho más", avisa Manel Peiró, vicedecano de la escuela de negocios Esade.
Olmos mantiene serias prevenciones sobre la medida: "No es fácil resolver las aportaciones de los ciudadanos a los servicios porque se corre el riesgo de que el ciudadano decida, por su cuenta, usar un determinado servicio en función de lo que le va a costar, porque la cantidad es una percepción individual. Y como es una decisión individual, entraña el riesgo de que se tomen decisiones equivocadas para la salud de uno mismo". Por ejemplo, no ir al médico por un mareo, aunque este pueda esconder un episodio cerebrovascular.
"Las medidas alternativas son administrativas y organizativas, como informar de lo que cuestan los servicios desde una perspectiva educativa", agrega Olmos. Y Ana Pastor, ex ministra de Sanidad del PP, añade: "Lo que hay que mejorar es la eficiencia del modelo de la prestación de servicios, por ejemplo que al paciente se le atienda en un único proceso asistencial, porque a veces para un diagnóstico hay que acudir hasta ocho veces al especialista. Y eso también reduce la hiperfrecuentación. Como también la educación sanitaria".
Paula González, profesora de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, apunta algunas posibilidades de copago en la asistencia hospitalaria para aportar fondos suplementarios al sistema porque, señala, "para mantener la sostenibilidad del sistema o se recortan prestaciones o se aumentan los ingresos. Hay que hacer un análisis de costes sobre la base de criterio-efectividad". Entre algunas propuestas, González enumera el pago de los menús en los hospitales, exceptuando los dietéticos -un informe de la Generalitat de Cataluña reivindica esta opción para las rentas altas-; cuotas por ciertos días de hospitalización -Portugal es un ejemplo- o el abono de una parte de las pruebas diagnósticas, como en Francia.
Manel Peiró y Marina Geli también proponen recuperar las desgravaciones fiscales para las personas que tengan un seguro médico privado. "Evita un gasto al servicio público y facilitaría un equilibrio, porque ahora mucha gente se da de baja por la crisis", aclara el vicedecano de Esade. Y la Fundación Rafel de Campalans, perteneciente a los socialistas catalanes, propuso vincular los copagos al impuesto sobre la renta en el tramo autonómico, ya que las comunidades tienen transferidas estas competencias, lo que simplificaría su gestión. El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Vidardell, planteó vincular el copago farmacéutico también al nivel de renta.
Pero así, a bote pronto, ninguno de los expertos en política sanitaria en España aboga por un sistema de copago, sino que de implantarse -precisan- debería constituir una medida adicional de todo un paquete de reformas estructurales para racionalizar y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que tanto las administraciones estatal y autonómica postergan año tras año y rehúsan afrontar por los posibles costes electorales.
"No queremos que los enfermos sean el siguiente colectivo que pague la crisis del señor Rodríguez Zapatero. La sanidad española necesita una reforma en profundidad y todavía quedan muchos espacios para ganar en eficiencia", señala Ana Pastor. "No podemos adoptar solo una medida concreta. Lo hemos hecho muy mal los últimos años y ahora la situación es dramática porque el Estado está en quiebra técnica. ¿Cómo pensamos resolverlo? ¿Como siempre o aprovecharemos esta situación para emprender reformas? No tendremos un momento más idóneo en el que la gente lo entienda", reflexiona Manel Peiró. "La situación ahora es complicada, pero no vería tan grave implantar un tique moderador. Sin embargo, lo que el sistema sanitario necesita son reformas estructurales más allá del copago", abunda Paula González. "Una idea mal aplicada, acaba siendo una mala idea: nuestro sistema puede que hoy necesite copagos del mismo modo que necesita una priorización explícita de servicios en catálogo y un selectivismo más diligente con las situaciones de injusticia social", agrega Guillem López Casasnovas, presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud.
Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública opinan que el copago "supondría un impuesto a la enfermedad y una barrera al acceso a la atención sanitaria para las personas más enfermas y con menor renta". En este sentido, José Olmos señala: "La equidad significa establecer las menores barreras de acceso posible". Paula González le rebate: "¿Por qué los pensionistas de rentas altas no pagan nada? ¿Es esto equitativo?", se pregunta.
Pero, como declara Guillem López Casasnovas, "el reto estriba en canalizar la mejor financiación pública al que sea el gasto más eficiente en términos de objetivos salud". Y concluye: "No siempre más recursos significa más salud".
