La Fiscalía cree que dos funcionarios concedían licencias de aprtamentos a cambio de dinero
Nuevo caso de corrupción en Barcelona. Presuntos sobornos para conseguir licencias de apartamentos.Hay 25 imputados, dos de ellos funcionarios del Ajuntament.
La titular del juzgado número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado a 25 empresarios y particulares por supuestamente pagar sobornos a un funcionario municipal, Heliodoro Lozano (antiguo jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella entre 2001 y 2008), a cambio de autorizar la apertura de locales y apartamentos turísticos en una operación dirigida también por la Fiscalía anticorrupción. Además, está imputada Elena Ariza, que ha trabajado en el área jurídica del Ajuntament y que ayer fue suspendida de sus funciones.
Algunos empresarios declararon a la juez que pagaron cantidades de dinero a la red en la que también figura como imputado el ingeniero Joaquim Quílez, según adelantó ayer el Periódico de Catalunya.
Lozano ingresó en prisión el pasado diciembre por estos hechos cuando ocupaba la dirección de Licencias y Espacio Público del distrito de Nou Barris, y el Ajuntament le abrió un expediente disciplinario por el que está suspendido de empleoy sueldo. Ya está en libertad provisional.
Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Assumpta Escarp, dijo ayer que Heliodoro “pudo haber tejido alguna estructura, aliado de otra persona” para aprovechar su lugar de trabajo para “extorsionar a terceros y aceptar sobornos de terceros”, según informó Europa Press.
La causa está relacionada con el supuesto caso de corrupción en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels. Fue en el año 2007, y con motivo de esta causa que los Mossos registraron el despacho de Quílez y encontraron notas sobre cobros de dinero.
Acusación particular
El Ajuntament de Barcelona forma parte del proceso judicial de este nuevo caso de corrupción que se destapó a raíz de la causa del Saratoga. De hecho, Escarp explicó ayer que ha puesto a disposición del juzgado número 33 a cuatro peritos para resolver cualquier duda que surja. Por otro lado, la concejala de Ciutat Vella, Itziar González, dimitió el pasado mes de abril de su cargo tras denunciar coacciones, amenazas y un robo en su casa. Fuentes judiciales no quisieron confirmar ayer si detrás de esas amenazas existe alguna relación con las imputaciones de la juez Castelló a los funcionarios.