bonel
Usuario Mítico
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Juan Miguel Fernández, de 69 años, que se encuentra en prisión provisional sin fianza, acudió ayer a la declaración indagatoria en el Juzgado número 1 de Violencia de Género, donde se le comunicó que además de un delito de asesinato se le va a procesar por los de quebrantamiento de la medida de alejamiento y el de violencia habitual. Estos cargos pueden conllevar hasta un máximo de 25 a 30 años de pena de cárcel. En la comparecencia, Fernández dijo que «nunca» maltrató ni insultó a Rafaela y aclaró: «La maté porque me tenía loco perdido».
Rafaela Rueda denunció a su pareja sentimental el 29 de mayo de 2010, lo que dio lugar al dictamen de la orden de protección en la que, entre otras medidas, acordaba la prohibición a Juan Miguel Fernández de acercarse a menos de 500 metros de su compañera sentimental. El 22 de junio de ese mismo año se celebró el juicio rápido por los delitos de violencia doméstica y amenazas de género. El juez falló la absolución de la pareja de Rafaela, que nueve días después, estando vigente la medida de alejamiento, fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental al golpearla con una azada.
Reacciones
La acusación particular se mostró «muy satisfecha» por los cargos adicionales que se han impuesto al presunto asesino. «En casos de violencia de género una sentencia absolutoria no significa que no se haya producido maltrato, sino que no se ha podido demostrar esa situación»; y concretó: «El caso de Rafaela es una oportunidad para que la sociedad destierre la falsa creencia de la existencia de numerosas denuncias falsas en base únicamente al número de sentencias absolutorias o retiradas, sino de la dificultad de aportar pruebas suficientes para una condena en este tipo de delitos». Fuentes judiciales precisaron que en aquellos casos en los que solo existe un único testigo, resulta importante la corroboración periférica para descubrir datos o hechos del entorno con los que apoyar el testimonio de la víctima.
El Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.V.A.) es un departamento de los juzgados que ofrece una atención integral a todas los afectados por cualquier tipo de delito, incluidos los de violencia de género. Dos juristas, una psicóloga y una trabajadora social forman el equipo de este servicio. En relación al delito de violencia habitual imputado al presunto asesino, la asesora jurídica del Servicio de Asistencia a la Víctima subrayó la «importancia» que tiene haber conseguido la «continuidad» de los hechos, ya que es «muy difícil» lograr imputar este delito.
Aumentan las denuncias
Las denuncias presentadas por malos tratos en los juzgados españoles alcanzaron en el primer trimestre de este año a un total de 32.492, lo que supone un crecimiento del tres por ciento respecto al último trimestre de 2010, según las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Asimismo, otro de los datos que arroja el informe es que las renuncias de las víctimas al procedimiento judicial cayeron un 3,6 por ciento respecto al anterior trimestre y llegaron a la cifra de 3.577 mujeres del total de las denuncias presentadas por violencia de género entre enero y marzo de 2011. Las mujeres que renuncian en fase de instrucción suponen el 11% de los casos. En total, en todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) se dictaron 14.047 sentencias penales.
Otro informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género acerca de la Ley Integral asegura que, de las 530 sentencias analizadas entre el enero de 2007 y marzo de 2008, solo en una consta una deducción de testimonio (petición de investigación) por posible denuncia falsa.
fuente:ideal.es
Rafaela Rueda denunció a su pareja sentimental el 29 de mayo de 2010, lo que dio lugar al dictamen de la orden de protección en la que, entre otras medidas, acordaba la prohibición a Juan Miguel Fernández de acercarse a menos de 500 metros de su compañera sentimental. El 22 de junio de ese mismo año se celebró el juicio rápido por los delitos de violencia doméstica y amenazas de género. El juez falló la absolución de la pareja de Rafaela, que nueve días después, estando vigente la medida de alejamiento, fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental al golpearla con una azada.
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La acusación particular se mostró «muy satisfecha» por los cargos adicionales que se han impuesto al presunto asesino. «En casos de violencia de género una sentencia absolutoria no significa que no se haya producido maltrato, sino que no se ha podido demostrar esa situación»; y concretó: «El caso de Rafaela es una oportunidad para que la sociedad destierre la falsa creencia de la existencia de numerosas denuncias falsas en base únicamente al número de sentencias absolutorias o retiradas, sino de la dificultad de aportar pruebas suficientes para una condena en este tipo de delitos». Fuentes judiciales precisaron que en aquellos casos en los que solo existe un único testigo, resulta importante la corroboración periférica para descubrir datos o hechos del entorno con los que apoyar el testimonio de la víctima.
El Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.V.A.) es un departamento de los juzgados que ofrece una atención integral a todas los afectados por cualquier tipo de delito, incluidos los de violencia de género. Dos juristas, una psicóloga y una trabajadora social forman el equipo de este servicio. En relación al delito de violencia habitual imputado al presunto asesino, la asesora jurídica del Servicio de Asistencia a la Víctima subrayó la «importancia» que tiene haber conseguido la «continuidad» de los hechos, ya que es «muy difícil» lograr imputar este delito.
Aumentan las denuncias
Las denuncias presentadas por malos tratos en los juzgados españoles alcanzaron en el primer trimestre de este año a un total de 32.492, lo que supone un crecimiento del tres por ciento respecto al último trimestre de 2010, según las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Asimismo, otro de los datos que arroja el informe es que las renuncias de las víctimas al procedimiento judicial cayeron un 3,6 por ciento respecto al anterior trimestre y llegaron a la cifra de 3.577 mujeres del total de las denuncias presentadas por violencia de género entre enero y marzo de 2011. Las mujeres que renuncian en fase de instrucción suponen el 11% de los casos. En total, en todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) se dictaron 14.047 sentencias penales.
Otro informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género acerca de la Ley Integral asegura que, de las 530 sentencias analizadas entre el enero de 2007 y marzo de 2008, solo en una consta una deducción de testimonio (petición de investigación) por posible denuncia falsa.
fuente:ideal.es
