La incesante cascada de desahucios ha creado una situación de emergencia social que el Gobierno catalán trata ahora de contener. Al instrumento de Ofideute, la oficina para mediar entre los bancos y los ciudadanos en riesgo de quedarse en la calle, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad creará una mesa que valore los casos que lleguen de ciudadanos al borde del desahucio. El objetivo, según el borrador de reglamento que ha elaborado el departamento que dirige Lluís Recoder, es buscar alojamiento público y adjudicar ayudas al alquiler para “evitar la exclusión social y la marginalidad”.
La mesa de valoración para la adjudicación de viviendas en situaciones de emergencia tiene su precedente en la ciudad de Barcelona, donde esta ya se creó en 2009. De acuerdo con el reglamento, la prioridad la constituirán “las emergencias económicas y sociales”, es decir, las familias que se hallan en riesgo “inminente” de perder la vivienda.
A la medida, no obstante, solo podrán acogerse los ciudadanos en el límite de la pobreza, cuyos ingresos sean, a lo sumo, de 0,94 veces el índice de renta de suficiencia (IRS) en el caso de una persona (7.489,6 euros) o de 1,86 veces si se trata de una familia (14.819,9 euros). Para pedir un alojamiento público la persona que vaya a perder su vivienda debe tener una sentencia firme de desahucio y, en caso de que esta se haya dictado por impagos, la cuota hipotecaria o el alquiler debía suponer más del 35% de los ingresos mensuales de su propietario. Esta es la proporción del sueldo que las Administraciones estiman que los ciudadanos pueden asumir para destinar al pago de su piso sin poner en riesgo su situación financiera personal o familiar. También podrán pedir un piso público los moradores de una vivienda insalubre en la que habiten menores o personas enfermas cuya salud pueda empeorar por esas malas condiciones.
El parque de vivienda para este colectivo estará integrado por las viviendas propiedad de la Generalitat, los que puedan aportar otras Administraciones y promotores de VPP, pisos gestionados o que estén administrados por la Agencia de Vivienda de Cataluña (AVC) mediante convenios o bien alojamientos que se hayan obtenido a partir de acuerdos con fundaciones, entidades sociales o Ayuntamientos. Esta última opción, no obstante, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno.
Para pedir piso
público debe haber
una sentencia firme
de desahucio

La mesa estará presidida por el director y un abogado del departamento de Programas Sociales de Vivienda de la AVC, cuatro vocales de esta entidad pública, uno del Instituto Catalán del Suelo y otro del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Según el reglamento, esta mesa se reunirá de forma ordinaria cada mes, pero podrá hacerlo cada vez que llegue al Ejecutivo catalán una situación que deba atenderse de forma urgente.
Recoder presentó este borrador en la comisión de seguimiento del Pacto Nacional de la Vivienda, en la que varias entidades y partidos pidieron ver los números tanto de este proyecto como de las medidas del pacto. Según varios asistentes, la Generalitat no presentó una actualización del pacto, sino que ha decidido priorizar unas medidas. En la reunión, Cáritas reclamó un minifrob —en referencia al fondo de ayuda a los bancos— para rescatar a familias desahuciadas, mientras que ICV pidió cuantificar las viviendas disponibles para personas en riesgo de exclusión, según explicaron varios asistentes a la reunión. Las cooperativas de vivienda pública, por su parte, se quejaron de que el grifo del crédito sigue cerrado.
El servicio de mediación de la Generalitat entre los bancos y ciudadanos ha atendido en dos años a 1.045 familias. En el 66% de los casos se pudo pactar la solución.