bonel
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La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites del empadronamiento y que se pedirán "unos requisitos" que no ha explicitado.
Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
Asimismo, ha avanzado que se sacarán de financiación algunos medicamentos "con poco valor terapéutico", que se establecerá una cartera de servicios única en todo el país y que se instará a las farmacéuticas a adecuar los envases de los medicamentos a las duraciones habituales a los tratamientos.
"Estamos pasando una situación muy difícil en España y todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor y por ello por primera vez los parados sin prestación no pagarán por medicamentos y quienes tienen renta más alta pagarán el 60% del coste de los medicamentos", ha señalado en referencia a los acuerdo adoptados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, que han sido estudiados por el Gobierno.
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los abusos en sus prestaciones. Entre las medidas aprobadas destaca el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.
La reforma también incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas".
La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario.
Según ha asegurado Ana Mato, la Plataforma de Compras Centralizada permitirá hasta un 50% de ahorro en la contratación y adquisición de medicamentos, servicios y equipamientos sanitarios, lo que supondrá un ahorro que oscila entre 1.000 y 1.500 millones de euros. El primer paso de esta iniciativa ha sido la compra de la vacuna de la gripe en esta campaña de vacunación.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites del empadronamiento y que se pedirán "unos requisitos" que no ha explicitado.
Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
Asimismo, ha avanzado que se sacarán de financiación algunos medicamentos "con poco valor terapéutico", que se establecerá una cartera de servicios única en todo el país y que se instará a las farmacéuticas a adecuar los envases de los medicamentos a las duraciones habituales a los tratamientos.
"Estamos pasando una situación muy difícil en España y todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor y por ello por primera vez los parados sin prestación no pagarán por medicamentos y quienes tienen renta más alta pagarán el 60% del coste de los medicamentos", ha señalado en referencia a los acuerdo adoptados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, que han sido estudiados por el Gobierno.
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los abusos en sus prestaciones. Entre las medidas aprobadas destaca el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.
La reforma también incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas".
La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario.
Según ha asegurado Ana Mato, la Plataforma de Compras Centralizada permitirá hasta un 50% de ahorro en la contratación y adquisición de medicamentos, servicios y equipamientos sanitarios, lo que supondrá un ahorro que oscila entre 1.000 y 1.500 millones de euros. El primer paso de esta iniciativa ha sido la compra de la vacuna de la gripe en esta campaña de vacunación.