bonel
Usuario Mítico
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En tiempos de crisis es lógico que se intente sacar dinero de debajo de las piedras, pero cuando es el Estado el que busca subterfugios para que el ciudadano pague sin explicar muy bien por qué, la cosa ya cambia. Y es que ojo: fumar en la terraza de un bar cuyo techo corredero está medio abierto puede costar una multa. Como oyen...
P. C., es un ciudadano de a pie, como cualquiera que, tras una jornada de trabajo, o en algún momento del fin de semana, acude a un establecimiento con sus amigos para tomar algo y disfrutar de un tiempo de ocio. Pero ahora es un ciudadano indignado con una Administración que considera arbitraria a la hora de aplicar las leyes.
El pasado mes de febrero P.C. se encontraba en la terraza de un bar cerca de Las Rozas (Madrid). El techo se encontraba semi-abierto y en las mesas había ceniceros. Ningún cartel indicaba que en ese lugar estuviera prohibido el tabaco, por lo que el denunciante y los amigos con los que se encontraba no pensaron que podían estar infringiendo la ley. "El único cartel que hace referencia al tabaco en el bar dice así: prohibido fumar a partir de este punto, y está colocado en el umbral de la puerta de acceso a la zona interior del local, donde por cierto sí podemos encontrar varios carteles donde se prohíbe expresamente fumar en ese espacio", explica.
Mientras disfrutaban de su reunión -y sus cigarros-, llegaron al lugar entre 8 y 10 agentes de la Guardia Civil que solicitaron a los allí presentes que se identificaran, pues estaban fumando en un lugar en el que según ellos no está permitido. Uno de los agentes indicó que su intención, al identificarles era certificar que en el local había personas fumando, y no denunciar a los clientes.
Ahora, 4 meses después, P.C. ha recibido una notificación de la Agencia Antidroga en la que le advierten de que se ha iniciado un expediente sancionador en su contra. Sin embargo, más allá del lenguaje jurídico de la misiva, hay una frase remarcada en negrita en la que se ofrece la posibilidad de abonar 30 euros para lograr el cierre del expediente. Eso sí en caso de no realizar el pago, el expediente continuará su curso.
Por todo esto P. C., denuncia la arbitrariedad de la Administración que no le aclara si hay delito o no, pero pretende cobrar 30 euros sin que esté muy claro el motivo por el que ciudadano debe pagar. Además, sentencia: "Si alguien ha incumplido la ley ha sido la empresa y no los clientes, quienes se encuentran en un espacio que aparentemente reúne todos los requisitos para poder fumar en él".
P. C., es un ciudadano de a pie, como cualquiera que, tras una jornada de trabajo, o en algún momento del fin de semana, acude a un establecimiento con sus amigos para tomar algo y disfrutar de un tiempo de ocio. Pero ahora es un ciudadano indignado con una Administración que considera arbitraria a la hora de aplicar las leyes.
El pasado mes de febrero P.C. se encontraba en la terraza de un bar cerca de Las Rozas (Madrid). El techo se encontraba semi-abierto y en las mesas había ceniceros. Ningún cartel indicaba que en ese lugar estuviera prohibido el tabaco, por lo que el denunciante y los amigos con los que se encontraba no pensaron que podían estar infringiendo la ley. "El único cartel que hace referencia al tabaco en el bar dice así: prohibido fumar a partir de este punto, y está colocado en el umbral de la puerta de acceso a la zona interior del local, donde por cierto sí podemos encontrar varios carteles donde se prohíbe expresamente fumar en ese espacio", explica.
Mientras disfrutaban de su reunión -y sus cigarros-, llegaron al lugar entre 8 y 10 agentes de la Guardia Civil que solicitaron a los allí presentes que se identificaran, pues estaban fumando en un lugar en el que según ellos no está permitido. Uno de los agentes indicó que su intención, al identificarles era certificar que en el local había personas fumando, y no denunciar a los clientes.
Ahora, 4 meses después, P.C. ha recibido una notificación de la Agencia Antidroga en la que le advierten de que se ha iniciado un expediente sancionador en su contra. Sin embargo, más allá del lenguaje jurídico de la misiva, hay una frase remarcada en negrita en la que se ofrece la posibilidad de abonar 30 euros para lograr el cierre del expediente. Eso sí en caso de no realizar el pago, el expediente continuará su curso.
Por todo esto P. C., denuncia la arbitrariedad de la Administración que no le aclara si hay delito o no, pero pretende cobrar 30 euros sin que esté muy claro el motivo por el que ciudadano debe pagar. Además, sentencia: "Si alguien ha incumplido la ley ha sido la empresa y no los clientes, quienes se encuentran en un espacio que aparentemente reúne todos los requisitos para poder fumar en él".
