La nula efectividad de la Ley Sinde-Wert no ha pasado desapercibida para el Gobierno. Por este motivo, el Ejecutivo se plantea modificarla tal y como ha demostrado un supuesto borrador que contiene las nuevas medidas antipiratería en Internet.

En las últimas horas hemos conocido la filtración por parte del partido Pirates de Catalunya de un borrador de Real-Decreto Ley de medidas urgentes sobre propiedad intelectual en la Red. En él se pueden ver los puntos sobre los que giraría la nueva política gubernamental al respecto y la modificación de la polémica Ley Sinde es uno de estos puntos.

El borrador incluye un nuevo artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual que establece una medida que no ha tardado en ser criticada en la Red. "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan o pongan a disposición del público contenidos sujetos al derecho de propiedad intelectual de titularidad de terceros deben estar autorizados debidamente a tal efecto por los citados titulares de derecho", asegura este punto.

Esto supondría que las páginas web tendrían que tener el permiso expreso del titular de los derechos de autor por los enlaces que incluya, salvo en el caso de buscadores como Google o que enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros como sucede con blogs o en perfiles de redes sociales. En caso de infringirlo, la Secretaría de Estado de Cultura tendría potestad para sancionar con el cierre del sitio web entre seis meses y un año, imponiendo multas de entre 30.000 y 150.000 euros.

Abogados expertos en la materia como David Maeztu o Carlos Sánchez Almeida han dado su punto de vista sobre el borrador. "Su redacción es muy propia de los sectores más próximos a la industria cultural ya que las matizaciones que se hacen al texto actual son aquellas de los discursos doctrinales que se han venido repitiendo durante años", explica Maeztu. Por su parte, Sánchez Almeida subraya "la tendencia de los últimos Gobiernos por controlar Internet por vía la administrativa y excluyendo al Poder Judicial".

Por si fuera poco, el borrador también trata sobre la inclusión del canon a cargo de los presupuestos, la limitación a la hora de reclamarlo por parte de profesionales y empresas que consideran que habían pagado de forma injusta y la limitación del derecho de copia privada a las que provengan directamente de la "obra adquirida en propiedad" o procedimientos de comunicación pública como las emisiones de TV y radio. Además, se otorga exclusividad a las entidades como la SGAE a la hora de gestionar los derechos de autor, algo que choca con las posibilidades de autogestión de sus derechos que tienen los autores a día de hoy.

En definitiva, una serie de directrices de lo más controvertido que aunque la Secretaría de Estado de Cultura se ha encargado de desmentir, han puesto en alerta a los internautas y administradores de páginas web. Estaremos muy pendientes de los avances que tome el Gobierno en esta dirección, aunque todo apunta a que su decisión final estará en la línea de las propuestas de la industria cultural y del entretenimiento.