Hace dos años varios colectivos sociales comenzaron la lucha contra las injusticias de la ley hipotecaria. Ahora, los jueces combaten una legislación que consideran muerta y se plantean suspender los desalojos a la espera de una ley europea


Mensaje de un juez a sus colegas en un foro de debate: “Joder con mi quiosquero. Esta mañana cuando he ido a comprar el periódico y me ha visto ha salido de detrás de las revistas y sin decirme nada me ha dado un beso en la boca delante de los parroquianos. Me he quedado cortado y sonrojado, después he visto el titular de un periódico y le he oído decir que yo era juez y que por fin parecía que los poderosos de esta sociedad encontraban colectivos que les hacían frente. Me he ido a casa pensando que algo está cambiando, que se ha abierto camino a una transformación del colectivo de jueces, lenta pero imparable”.

Se acabó el silencio. La rebelión de algunos jueces ante una ley obsoleta e injusta aprobada hace más de un siglo, en 1909, que ha precipitado el desalojo de 350.000 propiedades y decenas de miles de familias, ha conseguido acercar a este colectivo a la sociedad y generado un debate entre los propios magistrados sobre cómo responder a este drama social. El foro interno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que agrupa a más 5.000 jueces, y los de las distintas asociaciones profesionales recogen propuestas, iniciativas y miles de mensajes que reclaman un cambio de la ley, que piden una respuesta. Algunos proponen que a partir de mañana se paralicen los desalojos que se tramitan en sus juzgados.

Otro mensaje: “Ayer oí a Juan Luis Ibarra [presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco]. Expresó dolor y vergüenza por los hechos desgraciados de Barakaldo [el suicidio de Amaya Egaña, de 53 años, cuando iba a ser desalojada de su piso por una comisión judicial]. Habló de cuando el derecho mata a la justicia. Y me emocioné porque salió a dar la cara cuando otros presidentes del TSJ habían callado ante suicidios anteriores. Y porque sentí que se expresaba en nuestro idioma. El otro lenguaje no es el nuestro, no lo reconozco, no me hice juez para acabar convertido en un simple verdugo que aplica la pena de muerte a los más débiles. Será el lenguaje de los banqueros, los mercados, pero mi sentimiento está con Juan Luis. El derecho tiene mucha trastienda ética”. “Estamos debatiendo con un ardor y una intensidad que no se puede imaginar”, describe Gemma Vives, juez de Barcelona que dictó uno de los primeros autos contra los desalojos.

¿Se ha perdido el miedo a hablar en la judicatura? “La gente lo está perdiendo. Se está superando el falso concepto de responsabilidad callada. La posición de los jueces ante este drama ha provocado nuestra reconciliación con la sociedad de la que estábamos alejados”, afirma Pedro Luis Viguer, de 47 años, decano de los jueces de Valencia y uno de los magistrados más críticos con los desalojos. Una postura que ha obligado al Gobierno a aprobar un decreto ley para paliar los devastadores efectos de los desahucios concediendo una moratoria de dos años para los más vulnerables y un parque de viviendas. Medidas que muchos jueces y colectivos sociales creen insuficientes.

Juez Guillem Soler: "cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar"

La ola explotó el pasado 25 de octubre en la sede del CGPJ. El vocal Manuel Almenar presentó un trabajo titulado Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles en el que siete magistrados de distintos puntos de España reclamaban al máximo órgano de la judicatura una transformación total del marco jurídico que regula las ejecuciones hipotecarias. Estos jueces, entre los que figura Viguer, el decano de Valencia, acusan a los bancos de “irresponsabilidad, ligereza y mala praxis”, piden moratorias para casos de accidentes, paro, desgracias o enfermedad y reclaman que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo para cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”. Entre sus propuestas exigen que los ciudadanos participen con voz propia mediante la creación de comisiones mixtas que favorezcan las salidas negociadas entre el banco y el deudor.

El pleno del CGPJ miró hacia otro lado, evitó pronunciarse sobre el informe y cuestionar si se había o no votado entre sus redactores e incluso si el órgano de los jueces lo había encargado. Su contenido lo había revelado el día anterior EL PAÍS. “Que nos llamen para hacer este informe y luego nos den en la testuz es el colmo. Hemos trabajado durante ocho meses, lo hemos hecho sin cobrar. No es de recibo la reacción que tuvo el Consejo. Qué decepción”, se queja uno de los redactores que reclama el anonimato.

La actitud tibia de Gonzalo Moliner, presidente del máximo órgano de los jueces, y de algunos vocales ante el informe que proponía soluciones para los desalojos hipotecarios no sirvió de nada. Los 47 jueces decanos de toda España suscribieron días después en Barcelona una frase para la historia: “La justicia está llamada a encabezar el discurso público contra la crisis”. Una comisión de 15 jueces llevó a la reunión la necesidad de reformar la denostada Ley de Ejecución Hipotecaria.

La ola que explotó en el CGPJ y la iniciativa de los decanos no fue casual. El viento y las corrientes que la formaron vienen de años atrás en juzgados de Estella y Pamplona, Girona, Torrejón (Madrid), Elche, Barcelona o Terrassa (Barcelona), entre otros, en los que los jueces sorteaban en el silencio de sus despachos la dura ley de ejecución hipotecaria con autos vanguardistas. Resoluciones innovadoras en las que retratan situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas parecidas a la “usura”. Todos hablan de la indefensión de los desahuciados frente a los bancos.

Un magistrado sobre el Poder Judicial: "Nos llaman para hacer un informe y luego nos dan en la testuz. Es el colmo"

Fuera de los juzgados algunos ciudadanos soplaban con fuerza en la misma dirección. Lluís Martí, de 54 años, mecánico de profesión, separado y padre de un niño de 10 años, ha paralizado el desalojo de su casa en La Bisbal del Penedés, un pueblo a 30 kilómetros de Tarragona, en cinco ocasiones. Asegura que es la primera persona en España que lo ha conseguido. Entre otras causas por la ayuda de 30 personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el 3 de noviembre de 2010 rodearon su casa con pancartas para impedir el desalojo. “Mi caso se ha archivado. Se suspendió por voluntad del banco (Cataluña Caixa). Debía más de 100.000 euros, pero no tenía trabajo desde 2009. Sigo en mi casa y no la voy a dejar”, dice.

Con esta iniciativa arrancó la campaña Stop Desahucios de la PAH que hoy ha logrado paralizar 500 desalojos y se ha convertido, junto a movimientos como el 15-M, en la punta de lanza de iniciativas ciudadanas contra la vieja Ley de Ejecución Hipotecaria. Ada Colau, de 38 años, licenciada en Filosofía y trabajadora en un observatorio de derechos sociales, es una de las impulsoras de esta plataforma que en solo dos años ha crecido como hongos por todo el país. “Hemos conseguido pequeñas grandes victorias, como daciones en pago antes de la subasta y condonaciones de deuda después de la subasta. Centenares de Ayuntamientos nos apoyan pidiendo que se cambie la ley”.

Con ese objetivo, PAH y otros colectivos han reunido 600.000 firmas y presentado una iniciativa legislativa popular ante el Congreso para lograr la dación en pago retroactiva. Martí Batllori, letrado de la PAH, califica de “tortuosa y conflictiva” la presentación de esta iniciativa y augura que alcanzarán el millón de firmas. Para Pablo Matos, portavoz de vivienda del PP en la anterior legislatura, la dación en pago es un “disparate porque lo que consigue es la pérdida de la vivienda y el abandono del hogar familiar”. El diputado popular afirma que el decreto ley del Gobierno es solo una respuesta “urgente” para paralizar los desahucios y se muestra partidario de reformar la Ley Hipotecaria. “Le aseguro que la vamos a impulsar. Hay mucha desproporción y abusos”, dice.

Ada Colau, la activista de la campaña Stop Desahucios, considera insuficientes las medidas del Gobierno. “Las moratorias parciales no son la solución. Se habla del desahucio, pero no de la deuda. La gente tiene que poder liberarse de esa carga. No se les puede dejar excluidos de por vida. Definir colectivos vulnerables es otra equivocación, ya se hizo con el código de buenas prácticas, que ha sido un fracaso. Con este decreto el caso de la señora que se suicidó en Barakaldo no entraría: era un matrimonio con trabajo y un hijo de 21 años”.

Una encuesta con 6.000 casos de desalojo concluye que el 65% son de españoles y que en el 82% había un menor

Guillem Soler, de 36 años, titular de un juzgado de Barcelona, es uno de los pioneros en denunciar los abusos de los desalojos. Hace dos años y medio, cuando estaba al frente de un juzgado de Sabadell y casi nadie hablaba del drama, planteó la inconstitucionalidad de la ley de ejecuciones hipotecarias, pero el Constitucional avaló la vieja ley de 1909. En su opinión el ciudadano está indefenso y lo explica así: “Cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar, no puede paralizar la ejecución. Si quiere hacerlo tiene que ir a un proceso distinto. Es una ley restrictiva del derecho de defensa”.

La moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo para las familias que no ingresen más de 19.200 euros al año es para Soler puro maquillaje. “El fondo de este problema es este sistema injusto que requiere que se cambie la ley. Hace falta una reforma legislativa a fondo”. El juez propone dos opciones; la dación en pago o la modificación de la ley procesal para que el banco en vez de quedarse con la casa por el 60% de su valor lo haga por el 80%. “Así quedaría poca deuda por pagar”, apostilla. Y añade: “tienen que tener efecto retroactivo porque de no ser así el problema continúa”.

Edmundo Rodríguez, de 49 años, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, reclama suprimir el procedimiento de ejecución hipotecaria y destaca la indefensión de los miles de afectados, que además carecen de abogado. “Yo lo haría desaparecer. Hay que ir a uno ordinario y común para los acreedores. Hay que ampliar las causas de oposición del acreedor: por cláusulas abusivas o intereses de demora desproporcionados; establecer que el inmueble que se ejecuta sirva de vivienda familiar; que sea obligatorio para los deudores la intervención de letrado. Ahora en el 95% de los casos no hay oposición. Y como no hay oposición ejecutamos y subastamos por dos duros”.

Una encuesta con 6.000 casos recogidos por la plataforma de afectados PAH ofrece datos sorprendentes: el 82% de las viviendas ejecutadas eran el hogar de al menos un menor; el 65% eran españoles; más de un 40% había suscrito una hipoteca entre 100.000 y 200.000 euros; un 49,1% se encontraba en el paro. La lista de las entidades ejecutantes la encabezan Bankia con un 16%, y el BBVA con un 12%. “Los afectados están desesperados, no se les ocurre ir al Colegio de Abogados a pedir defensa. Cuando vienen sin letrado tenemos un problema”, confiesa el juez Rodríguez.

El abogado Rafael Mayoral, de 38 años, ha asistido en Madrid a decenas de desalojos. No imaginaba que el movimiento que iniciaron unos pocos llegaría tan lejos. Se ha implicado porque cuando se notifica la demanda de ejecución al deudor no se le informa de su derecho a la defensa gratuita. “El afectado está indefenso, no tiene información sobre el procedimiento. Además, si no lo pides el banco te carga las costas”, dice. Cien letrados han creado un turno solidario para asistir a desalojados y redactar escritos.

Decenas de letrados crean un turno solidario para ayudar a los afectados, que en un 95% no plantean recurso

José Luis González Armengol, decano de los jueces de Madrid, reclama una reforma que va más allá de la que acaba de aprobar el Gobierno. Esta es su receta: “Hay que ir a un cambio legislativo que lleve anejos otros aspectos legales del Código Civil en el que se fije la dación en pago. El banco es un acreedor privilegiado. Hay que garantizar el compromiso de las Administraciones con las viviendas sociales. Se tiene que potenciar el mercado de alquiler para llegar a estándares europeos. La compra implica más riesgos. Estamos pagando las consecuencias de una política de vivienda equivocada”.

La moratoria de dos años aprobada por el Gobierno para los más vulnerables es un error para José María Fernández Seijo, de 47 años, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE el caso de Mohamed Aziz, un obrero marroquí residente en Cataluña, una iniciativa que amenaza con tumbar la ley hipotecaria española. El dictamen de la abogada general del tribunal, califica de abusiva la normativa. “La moratoria por sí sola es peligrosa si no hay una quita. Debería ir acompañada de la reestructuración de la deuda. Si la paralizas lo que haces es retardar el problema porque los intereses siguen creciendo. Si no rebajas la deuda no hay solución definitiva. Además, las clases medias deberían beneficiarse, no solo las clases más bajas”.

La futura sentencia europea augura que la ley española está muerta. Algunos lo ven tan claro que ya proponen la paralización de todos los desahucios. Ángel Dolado, de 50 años, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente, dirige esta iniciativa. “Para evitar males mayores hay que suspenderlos. Hemos redactado un formulario a modo de auto que estamos distribuyendo en toda España. Queremos que las juntas de jueces valoren la posibilidad de pararlos”. El abogado Mayoral asegura que mañana numerosos afectados pedirán la suspensión de sus desalojos en juzgados en todo el país. Y esgrimirán el informe de la abogada del tribunal europeo. “Vamos a ver si lo atienden los jueces”, se pregunta.

Diego Gutiérrez, de 37 años, juez en Lleida, cree que sí: “Hay que hacer algo. Hay un compromiso de parte de la judicatura para afrontar estas situaciones tan dramáticas. Algunos compañeros se plantean suspender algunas ejecuciones hasta que el tribunal europeo se pronuncie”. José Francisco Cobo, de 55 años, el magistrado de la Audiencia de Navarra que dictó uno de los primeros autos críticos con el sistema de desahucios, recita todo el acerbo comunitario en materia de protección a los consumidores y apostilla: “Me parece una posibilidad correcta y razonable. Deberíamos ir por ahí”.

Otros como Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, buscan vías más complejas y estudian si es posible plantear recursos a los autos de desalojo ya que la casación exige proceder solo contra sentencias: “No es fácil, pero no imposible. La novedad sería la apelación ante la Audiencia, y contra la sentencia de esta cabe el recurso de casación. Buscar alguna vía para que lleguen ante el Supremo”.

El movimiento ciudadano continúa y el decreto del Gobierno calienta todavía más los debates en los foros de los jueces. De los comentarios no escapa Moliner, el presidente del CGPJ que evitó abordar el informe de sus compañeros sobre los desalojos, la ola que rompió por sorpresa en la sede del máximo órgano judicial y que lo inundó todo. “El problema no es que se equivoque, es que se equivoque siempre a favor de los mismos”, esgrime un magistrado en su mensaje.


La banca mete presión



El martes 6 de noviembre se reunieron a comer en Madrid los representantes del llamado Grupo 1 de la Asociación Española de Banca (AEB), el de los grandes. Acudieron Matías Rodríguez Inciarte (vicepresidente del Santander), Jaime Sáenz de Tejada (director de España y Portugal del BBVA), Roberto Higuera (vicepresidente del Popular), Jaime Guardiola (consejero delegado del Sabadell) y José San Félix (consejero delegado de Banesto), además del presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín. La comida, frugal como suelen acostumbrar los banqueros cuando trabajan, acabó con el firme propósito “de buscar soluciones sobre una cuestión que se estaba yendo de las manos y transmitírselas al Ejecutivo antes de que tome decisiones traumáticas que pueden perjudicar seriamente al sector financiero”, según una fuente implicada. La AEB puso a trabajar a los comités jurídico y de comunicación para elaborar una propuesta y pasársela al Gobierno. El viernes, los bancos ya tenían un plan para enviar al Ministerio de Economía a fin de que tuviera en cuenta sus puntos de vista.

La cosa no acabó ahí. A la presión popular, que es la única que ha hecho reaccionar al Gobierno y a la propia banca, se sumaron los jueces decanos pidiendo cambios en la Ley Hipotecaria y la policía que manejaba aplicar la cláusula de conciencia en los desahucios. Los grandes bancos tuvieron que volver a abordar el tema en otra reunión una semana después, el martes 13. Esta vez fue un escalón más arriba en la jerarquía. Acudieron Alfredo Sáenz (vicepresidente y consejero delegado del Santander), Ángel Cano (consejero delegado del BBVA), Ángel Ron (presidente del Popular) y Josep Oliú (presidente del Sabadell), además de Miguel Martín.

Un día después, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), presidida por Isidro Fainé (presidente, a su vez, de Caixabank), reunió a su comité ejecutivo y a su consejo con este tema como punto central y prácticamente monográfico. Las cajas, todavía inmersas en esos procesos de integración y reconversión, también subrayaron la necesidad de aclarar el panorama y mejorar los criterios objetivos que se deben aplicar.

Las presiones de los bancos y cajas fueron insistentes desde las reuniones del martes y miércoles. Además, Emilio Botín tuvo la oportunidad de tratar del tema con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, en una conferencia internacional de banca del Santander.

Los responsables de bancos y cajas habían visto que el asunto de los desahucios se les iba a echar encima irremisiblemente. Se intercambiaron llamadas al más alto nivel. Había que moverse. Consideran que las críticas que reciben por los casos de desahucios son “exageradas y equivocadas”, lo que impacta muy negativamente en su negocio, por mucho que prediquen que solo son morosos o impagados el 3% de las casi siete millones de hipotecas, cuyo saldo vivo es de 931.000 millones de euros (cifras de agosto), y que la mayor parte de los 350.000 casos de los que habla el máximo órgano judicial corresponde a casos de segundas o terceras viviendas, garajes, locales comerciales, naves industriales, locales rústicos...


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